Hoy ha tenido lugar la videoreunión entre los diputados Francisco Aranda y Juan Ruiz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y los miembros de la FESOCA, Albert R. Casellas, presidente de la entidad, y Esther Gálvez, técnica- asesora del área de Accesibilidad.
El encuentro se ha realizado con motivo de la propuesta de reforma de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que la entidad hizo llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en octubre de 2020 porque contiene terminología incorrecta y peyorativa en relación a las personas sordas, a los intérpretes y a la lengua de signos, y no hace mención de las personas sordociegas. Asimismo, la FESOCA ha hablado de los problemas con los que se encuentran las personas sordas y los Intérpretes de lengua de signos en el día a día en los juzgados y tribunales.
El CGPJ trasladó esta iniciativa al Congreso y el Grupo Socialista, durante esta primavera, presentó una proposición no de ley en la Comisión de Justicia sobre esta Carta y su propuesta de reforma con la intención de implementarla de manera real y efectiva, en cuanto a terminología y contenido.
El grupo parlamentario se ha comprometido a hacer el traspaso de información a la nueva Ministra de Justicia, la Sra. Pilar Llop, aprovechando que en junio se ha aprobado una importante reforma legislativa sobre las personas con discapacidad en materia civil, notarial y procesal y que entre otros aspectos afecta positivamente a la garantía de los ajustes razonables y al acceso a la justicia.
Entre los recursos de accesibilidad a la comunicación se encuentran los intérpretes de la lengua de signos -lengua de signos española (LSE) y lengua de signos catalana (LSC) -, la comprensión de los actos judiciales por medio de contenidos accesibles, y otros sistemas de comunicación y medios de apoyo a la comunicación oral, etc.
La reforma sobre la discapacidad en el ámbito jurídico, ya aprobada, tiene previsto entrar en vigor a partir de septiembre de 2021. Haremos el seguimiento para que la normativa estatal, que tiene implicación en Cataluña, se aplique realmente y facilite el acercamiento de las personas sordas a la justicia, para evitar la indefensión.
